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La política criminal juega un papel importante en la dinámica delictual que comporta una sociedad, por lo tanto debe adoptar respuestas para “hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción.” Este mecanismo de control debe estar ajustado a condiciones legales, que respeten las garantías constitucionales y a su vez consigan la prevención del delito y mantengan el control de la criminalidad, bajo la garantía de la protección de los derechos fundamentales, junto con la resocialización de las personas privadas de la libertad.