El texto constitucional consagra el derecho a la seguridad social y establece que la salud es un servicio público esencial a cargo del estado. Sin embargo este concepto ha sido desarrollado paulatinamente por la jurisprudencia constitucional, y, así finalmente el legislador reconoció su carácter de Derecho Fundamental Autónomo mediante la Ley estatutaria 1751 de 2015.